Naciones Unidas tomó el viernes pasado una decisión sin precedentes al añadir formalmente a los ejércitos de Israel y de Rusia en su denominada "lista negra" de Estados sospechosos de cometer de forma sistemática actos de violencia sexual en zonas de conflicto.
La inclusión de ambas potencias figura en el informe anual presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y coordinado por su representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten. Las autoridades de Moscú y Tel Aviv ya figuraban desde 2023 y 2024 en otra lista restrictiva de la ONU, que evalúa las violaciones contra la infancia en tiempos de guerra (la lista de países que asesinan o mutilan niños y atacan escuelas), pero esta es la primera vez que se les vincula oficialmente al uso de la violencia sexual como arma bélica.
El documento revela, en general, una realidad alarmante, nuevas incorporaciones aparte: las denuncias de violencia sexual en escenarios bélicos se duplicaron a nivel mundial durante el último año en comparación con el periodo anterior. Documenta de forma exhaustiva casos de violaciones, violaciones en grupo, esclavitud sexual, matrimonios forzados, mutilación genital y trata de personas. En total, la lista señala a 15 actores estatales y 62 actores no estatales que operan en 21 países afectados por la guerra.
Según se indica, el flagelo de la violencia sexual como arma de guerra no se limita a un perfil único de víctima. Aunque las mujeres y las niñas siguen siendo los objetivos principales -con edades que van desde un año hasta los 70-, el informe resalta un incremento significativo de abusos contra hombres, niños y personas de la comunidad LGBTQI+. Muchos de estos casos se han registrado en centros de detención como una metodología deliberada de tortura.
Patten advirtió en su comparecencia de que estas agresiones suelen ir acompañadas de "abusos físicos extremos", que incluyen asesinatos posteriores a las violaciones o altos índices de suicidio entre las personas sobrevivientes.
Los motivos sobre Israel...
En el caso de una de las novedades, Israel, el informe detalla abusos cometidos por agentes estatales contra civiles y detenidos palestinos. Las denuncias recogidas por Naciones Unidas incluyen violaciones, palizas y descargas eléctricas dirigidas específicamente a los genitales de los prisioneros. Entre las víctimas se han identificado a menores de edad, periodistas y activistas de derechos humanos.
La ONU verificó incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto (utilizada también como forma de tortura) contra 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña. Los abusos incluyeron violaciones (individuales y en grupo, a veces con objetos), desnudez forzada, abusos físicos y disparos dirigidos a los genitales. En varios casos, las agresiones fueron filmadas o fotografiadas.
La mayoría de estos abusos se produjeron durante detenciones e interrogatorios, en distintos centros de detención, comisarías y prisiones, pero también durante operaciones militares y en puestos de control. Por eso, se señala expresamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Servicio de Prisiones de Israel (incluidas las fuerzas especiales Keter) y la Unidad Policial Antiterrorista (Yamam).
Las mujeres sufrieron principalmente amenazas de violación y registros corporales humillantes; los hombres y niños sufrieron violaciones y violencia genital grave, que causó lesiones severas sin recibir tratamiento médico adecuado. La situación se ve agravada por las pésimas condiciones de vida y los desplazamientos masivos en Gaza. De los más de 9.000 palestinos que siguen detenidos, más de 4.000 lo están sin cargos ni juicio, lo que se llama "detención administrativa".
También se señala en el informe un grave problema de impunidad, con escasa rendición de cuentas incluso en casos con pruebas disponibles. La ausencia de cargos por violencia sexual en algunos procesos judiciales y la retirada posterior de acusaciones refuerzan esta situación. Como ejemplo, en febrero de 2025 se acusó a cinco soldados de la reserva de las FDI por una agresión física grave en el campamento de Sde Teiman que incluía la inserción de un objeto en el ano de la víctima; sin embargo, se omitieron los cargos de violación o violencia sexual y, en marzo de 2026, se retiraron todos los cargos.
Por todo ello, la ONU insta a Israel a cesar la violencia sexual, investigar las denuncias y garantizar un trato digno a los detenidos palestinos, así como a permitir el acceso de organismos internacionales.
El dossier no deja de lado las acusaciones de posible violencia sexual también causada por el partido-milicia palestino Hamás contra los 251 ciudadanos que secuestró el 7 de octubre de 2023. La ONU destaca que en 2025, tras varios acuerdos de alto el fuego que permitieron la liberación de más de 50 rehenes en Gaza, algunos de ellos (tres mujeres y tres hombres) denunciaron esas violaciones durante su cautiverio. Sin embargo, no pudo verificarlas "debido a la falta de acceso para investigar".
Hamás no ha reconocido estos abusos ni ha adoptado medidas de rendición de cuentas y tampoco se han reportado imputaciones en Israel por violencia sexual relacionada el 7-O. Pese a ello, el informe también pide a este grupo responsabilidades por los abusos cometidos en el contexto del conflicto y exige que adopte medidas frente a la violencia sexual.
... y los de Rusia
En el caso de Rusia, ha sido incorporada debido a los patrones documentados de violencia sexual cometidos por sus fuerzas militares en el marco de la invasión a Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Al igual que Israel, las tropas rusas son señaladas por recurrir de forma sistemática a estos crímenes como táctica de humillación, castigo y control contra la población civil y los prisioneros de guerra.
El documento expone los hallazgos de 2025 de la misión de observación de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto en Ucrania, detallando los casos atribuidos a ambas partes y las recomendaciones del organismo. Da cuenta de 310 casos ocurridos entre 2022 y 2025, afectando a 280 hombres, 26 mujeres y cuatro niñas.
La mayoría de las víctimas, en este caso, fueron hombres (prisioneros de guerra y civiles). Se emplearon métodos crueles como violaciones (en grupo y con objetos), mutilación genital, descargas eléctricas y palizas para castigar, humillar o extraer confesiones. En mujeres y niñas, los abusos ocurrieron con extrema brutalidad en hogares, puestos de control y detenciones ilegales.
Rusia negó sistemáticamente el acceso a los observadores de la ONU, obligándolos a recopilar información mediante entrevistas confidenciales solo tras la liberación o huida de las víctimas. Los sobrevivientes enfrentan estigma y miedo a represalias si hablan, sobre todo en zonas ocupadas aún.
Se han documentado estos crímenes también en el otro lado, atribuidos a las fuerzas ucranianas: hay 31 casos verificados (27 hombres y cuatro mujeres), de los cuales nueve ocurrieron en 2025 y el resto de forma previa. Las violaciones incluyeron descargas eléctricas, palizas en los genitales y desnudez forzada. A diferencia de Rusia, Kiev mantuvo el acceso para observadores, abogados y familiares y se han producido avances legales para evitar estos abusos, como la aprobación de la Ley n.º 4067-IX para reparaciones urgentes, aunque con retrasos, asume el estudio.
También se expandieron los servicios a sobrevivientes en el último año (1,123 puntos de atención y relanzamiento de centros de asistencia) y se puso en marcha un programa nacional (2026-2030) contra la trata de personas con fines de explotación sexual, delito incrementado desde 2022.
La ONU recomienda a los de Vladimir Purin que cese inmediatamente la violencia sexual, emita órdenes claras de prohibición en la cadena de mando, investigue los casos, rinda cuentas y permita el acceso sin trabas a la ONU y a los servicios humanitarios. A los de Volodimir Zelenski, que pare también ualquier acto de violencia sexual, que siga con el marco de cooperación con la ONU y garantice que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Choque diplomático y consecuencias
La reacción de los países señalados por la ONU ha sido la esperada: rápida e indignada. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, rechazó tajantemente los términos del documento y acusó a la dirección de Naciones Unidas de parcialidad. En una declaración pública, Danon afirmó de forma contundente que el gobierno israelí romperá de manera inmediata todos sus vínculos institucionales con el secretario general Guterres y con su oficina de trabajo. Ya lo habían nombrado persona non grata para Israel en 2024, en mitad del genocidio en Gaza.
Desde Rusia, el Ministerio de Defensa rechaza las acusaciones de abusos, desapariciones forzadas o el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Son señalamientos que evidencian, dice, la "doble moral" de la ONU, una postura "hipócrita", que ignora las denuncias de abusos cometidos por Ucrania o por Occidente.
El paso dado por la ONU incrementa de manera notable la presión de la comunidad internacional sobre los mandos militares de Tel Aviv y Moscú, en un momento en que los abusos en zonas de reclusión y las agresiones a civiles continúan en el foco de la justicia internacional. El nuevo informe y la inclusión en la lista pueden servir para apuntalar en el futuro procesos que ya están iniciados: hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra, como la hay contra el presidente ruso, Putin, centrada en este caso en la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
