La crisis de la vivienda en España ya es motivo de preocupación de las principales ONGs como Amnistía Internacional. La organización ha hecho públicas este jueves sus principales preocupaciones y demandas para atajar la crisis. La construcción de vivienda pública, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones y la garantía de alternativas a las personas que sufren desahucios son algunas de sus principales exigencias al Gobierno y a los ejecutivos autonómicos.
Amnistía ha elaborado una lista con 8 propuestas que arrancan con la firma de los convenios del Plan Estatal, que fue aprobado por las Comunidades Autónomas y está ahora pendiente de las firmas bilaterales territorio a territorio, si bien el PP ya ha avisado de que llevará al Supremo alguno de los requisitos.
Pide un nuevo decreto que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler o que el Congreso apoye al que decayó si regresa a la cámara, la limitación de las subidas año a año y que se regulen también los alquileres de habitaciones y de temporada bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La organización pide nuevas ayudas de emergencia pensadas sobre todo para personas en procesos de desalojo que permite frenarlos y un aumento de la financiación para ampliar la vivienda social. Exige también fórmulas que agilicen la ampliación de vivienda social como la aplicación del tanteo y retracto que priorice la compra de vivienda ya existente en zonas tensionadas.
Por último, se dirige al poder judicial para pedir que condicione los desahucios a la existencia de una alternativa de vivienda adecuada o de ayudas públicas que les permitan mantener la actual o acceder a otra.
“Garantizar la asequibilidad de la vivienda no es una opción política, es una obligación jurídica de los Estados”, advierte AI, que recuerda que la asequibilidad implica que “los gastos asociados a la vivienda se sitúen en un nivel tal que la satisfacción de otras necesidades básicas no se vea amenazada” y recuerda que España es uno de los países con mayor tasa de riesgo de pobreza relacionada con la vivienda de la eurozona.
Con un 1,71% del alquiler destinado a vivienda social y una inversión pública “insuficiente” del 0,5% del PIB, AI apremia a las autoridades a agilizar la ampliación. Además, alerta que los 600.000 desahucios desde 2013 corren el riesgo de ser muchos más desde que se tumbó en el Congreso la moratoria.
El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que España es el país del mundo con mayor número de dictámenes condenatorios de Naciones Unidas por vulneración del derecho a la vivienda.
