La insensibilización de la política comunitaria es un hecho, después de que esta pasada noche los negociadores de la Unión Europea (UE) alcanzaran un histórico acuerdo provisional sobre el esperado Reglamento de Retorno, abriendo formalmente la puerta a la creación de polémicos centros de deportación fuera del territorio comunitario -conocidos como return hubs- y endureciendo drásticamente los mecanismos para acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
El avance se produce tras semanas de intensas negociaciones que estuvieron a punto de colapsar el mes pasado debido a disputas sobre los plazos de aplicación. Finalmente, Chipre -el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE-, anunció el pacto a altas horas de la noche. "Este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE", celebró Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre.
La nueva legislación, propuesta originalmente por la Comisión Europea (CE) el año pasado, busca agilizar y unificar los procesos de expulsión entre los Estados miembros mediante herramientas más estrictas, bajo el argumento oficial de que dotará a los Gobiernos de más recursos, respetando en paralelo los derechos fundamentales, enfatizan. No lo ven así los centenares de ONG que claman contra el texto.
El pacto formaliza el giro restrictivo del bloque en materia migratoria, impulsado por la presión de los partidos de derecha, en un contexto donde las llegadas irregulares cayeron un 26% el año pasado, registrando sus niveles más bajos desde 2021. La pieza central y más debatida de la reforma es el marco legal que permitirá a los países de la UE establecer centros de retorno en terceros países no pertenecientes al bloque. A estas instalaciones exteriores podrán ser transferidos los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y los migrantes en situación irregular, siempre que medie un acuerdo formal con el país de acogida. La medida contempla que los deportados puedan ser enviados a estos centros incluso si no poseen conexiones previas con dichas naciones.
"No se trata solo de una legislación, sino de la condición necesaria para recuperar el control de la política migratoria en Europa", defendió el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente en la sombra, François-Xavier Bellamy, en medios como Euractiv. "Durante años, Europa envió el peor mensaje posible: que, aunque no tuvieras derecho a quedarte, las probabilidades de que no pasara nada eran altas. Esa era se está terminando".
El texto fue aprobado inicialmente en el Parlamento Europeo en marzo gracias al respaldo de una coalición que alineó al centro-derecha, conservadores, euroescépticos y la extrema derecha. Luego, el proceso no ha estado exento de tensiones políticas: las negociaciones se vieron ensombrecidas por filtraciones de conversaciones en chats grupales que sugerían una estrecha coordinación entre el PPE y agrupaciones populistas y de extrema derecha, a pesar de las promesas previas de no cooperar con estas últimas. En el espectro opuesto, socialistas, verdes y el grupo de la Izquierda expresaron un rechazo mayoritario al proyecto.
En detalle
El nuevo reglamento introduce medidas coercitivas y de vigilancia sin precedentes dentro de los procedimientos comunitarios:
El texto del acuerdo provisional deberá superar ahora una revisión jurídico-lingüística exhaustiva. Posteriormente, el reglamento será sometido a votación formal para su ratificación definitiva en el Parlamento Europeo y requerirá, asimismo, el aval formal del Consejo de ministros de Interior de la Unión Europea antes de convertirse oficialmente en ley.
Las críticas
En febrero pasado, más de 80 ONG protestaron contra el Reglamento de Retorno, porque entienden que contravienen los principios y valores fundacionales del club comunitario y supone un viraje conservador para contentar a la ultraderecha, de poder creciente en los estados y en el hemiciclo europeo.
En un documento conjunto, denunciaron la creación de "centros de retorno" porque conllevan el riesgo de "expulsiones en cadena a países inseguros donde las vidas de los migrantes pueden correr peligro". También se plantan ante la posibilidad de detención de menores y familias, eliminando anteriores exenciones médicas y de protección a la unidad familiar.
Además, denuncian que la ley abre la puerta a redadas masivas, mayor presencia policial en servicios públicos y el uso de perfiles raciales dentro de las comunidades europeas, y a recortes en el derecho de asilo (que es una obligación del derecho internacional humanitario), con los procedimientos acelerados de revisión, que "disminuyen las garantías legales", dificultando el derecho a solicitar protección internacional.
