La Corte Suprema de Estados Unidos levantó en la madrugada de ayer una orden judicial que impedía al Gobierno del presidente Donald Trump implementar una orden ejecutiva que restringe el uso del voto por correo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre (midterms). Sin embargo, el destino de la orden de Trump sigue siendo incierto, ya que permanece vigente otra medida cautelar independiente que bloquea una parte clave del plan.
Los republicanos están inmersos en una reñida batalla por mantener el control del Congreso en estas elecciones intermedias. Restringir el voto por correo tendería a beneficiar de forma desproporcionada a los republicanos, dado que los votantes demócratas han sido tradicionalmente más propensos a recurrir a esta modalidad de sufragio.
El fallo del lunes, emitido por la mayoría conservadora de 6 a 3 de la Corte Suprema, se aplicó a una orden judicial preliminar dictada en junio por la jueza de distrito federal con sede en Boston, Indira Talwani.
Una coalición de 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia, había presentado una demanda para frenar la orden ejecutiva sobre las papeletas de votación por correo. La Corte Suprema declaró el lunes que era demasiado pronto para que los estados impugnaran la orden, pero dejó la puerta abierta a que vuelvan a demandar a medida que se acerque la contienda electoral de mitad de mandato.
De qué va la orden
La orden ejecutiva de Trump, emitida en marzo, ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional compilar y transmitir a los estados una lista de ciudadanos estadounidenses habilitados para votar en cada estado, y al Departamento de Justicia priorizar la investigación y el procesamiento de los funcionarios electorales estatales y locales que emitan boletas a personas consideradas «no elegibles» para votar en elecciones federales. También exigía que el Servicio Postal de EEUU (USPS) entregara boletas únicamente a los votantes incluidos en la lista aprobada de voto por correo de cada estado.
Trump ha prometido poner fin al uso de las papeletas por correo en todo el país antes de las elecciones intermedias y ha puesto en duda durante mucho tiempo la seguridad de dichas boletas, a pesar de que las pruebas de fraude electoral son excepcionales.
El tribunal no se pronunció el lunes sobre otra orden judicial de Talwani que impedía al USPS aplicar a nivel nacional las normas más estrictas de la directiva para la votación por correo. La jueza emitió dicha resolución el 11 de agosto en el marco de una demanda paralela presentada por grupos defensores del derecho al voto.
La cuestión de la autoridad
La orden ejecutiva de Trump forma parte de sus iniciativas más amplias para introducir cambios fundamentales en el sistema electoral estadounidense. Trump, quien ha formulado afirmaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones de EEUU -incluida su derrota de 2020 frente al expresidente demócrata Joe Biden-, ha presionado al Congreso, bajo control republicano, para que apruebe un polémico paquete de restricciones al sufragio denominado ley SAVE America Act.
En junio, Talwani dictaminó que el presidente carecía de autoridad para ordenar modificaciones en la manera en que los estados administran las elecciones federales, señalando que, con arreglo a la Constitución de EEUU, corresponde a los estados determinar los requisitos de elegibilidad de los votantes. La jueza también destacó que las agencias federales no disponen de la capacidad para confeccionar listas de ciudadanos precisas para cada estado.
A pesar de la medida de Talwani, el USPS publicó el viernes una normativa definitiva para implementar la orden de Trump, la cual exigiría a los estados proporcionarle listas de los votantes que recibieron boletas por correo, así como códigos de barras únicos en los sobres de envío y devolución de las papeletas.
En la decisión del lunes, la mayoría conservadora coincidió con el Departamento de Justicia en que la demanda que impugna la directiva de Trump era prematura y que los estados carecían de la legitimación activa requerida en esta etapa para demandar.
Las agencias aún no han adoptado medidas concretas que afecten a los estados, por lo que cualquier daño alegado resulta especulativo, señaló el tribunal. La orden de Trump en sí misma "no perjudica a los estados", añadió la corte.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró tras conocer la noticia: "La Corte Suprema acaba de permitir que el gobierno de Trump siga adelante (por ahora) con su plan para privar del derecho al voto a ciudadanos de todo el país. California volverá a demandar para impedir que se implementen estas normas orwellianas".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha por Reuters. El USPS declinó hacer declaraciones a la agencia.
La jueza Sonia Sotomayor, a quien se unió su colega liberal la jueza Elena Kagan, sostuvo que los estados no deberían tener que esperar para impugnar la directiva.
"La decisión de hoy no aborda si las tentativas del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 se ajustan a la legalidad", escribió Sotomayor. La jueza Ketanji Brown Jackson también redactó un voto particular discrepante por separado.
Los estados sostienen que sus reclamaciones no son hipotéticas y que el "apresurado intento del gobierno de cambiar las reglas de la votación por correo en vísperas de las elecciones intermedias de noviembre corre el riesgo de privar del derecho al voto a un número sustancial de electores".
"Esta decisión es un revés doloroso, pero no será la última palabra", afirmó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "El derecho al voto es sagrado, y a ningún gobierno se le debería permitir ponerlo en peligro dificultando que los votantes que cumplen con los requisitos emitan sus sufragios".
En su fallo de junio, Talwani desestimó los argumentos del gobierno, al determinar que la demanda no se había presentado antes de tiempo y que los estados contaban con legitimación procesal activa, ya que se enfrentarían a perturbaciones en la administración de los comicios, costes de cumplimiento y una amenaza creíble de persecución penal.
