Las multinacionales de alojamientos turísticos siguen publicando anuncios de pisos en territorios palestinos ocupados por Israel pese a la ley que lo prohíbe y las amonestaciones ya emitidas por el Gobierno. Esta vez, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco multinacionales que retiren sus 141 anuncios.
Ya en el mes de febrero, Consumo obligó a retirar más de un centenar de anuncios, pero las empresas han vuelto a permitir su divulgación.
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales publicados en estas plataformas y ha enviado un requerimiento a las multinacionales.
El Real Decreto-Ley 10-2025, aprobado en septiembre del año pasado, recogió diversas medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Y el artículo 4 establecía que “la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita”.
Pese a esta ley, las plataformas han seguido publicando anuncios de pisos turísticos en España, como en otros países. Tras el requerimiento del Ministerio, las empresas se enfrentan a posibles sanciones si no cumplen con los requerimientos.
El Ministerio no ha informado, como no hizo en las anteriores ocasiones, del nombre de las empresas advertidas.
En diciembre del año pasado, fueron 7 las empresas amonestadas por el Gobierno, que consiguió que para febrero ya se hubieran retirado 108 anuncios en territorios ocupados.
También en febrero, una coalición de ONG's integrada por SUDS, Novact y el Comité de Solidaridad contra la Causa Árabe, con el apoyo de SOMO y Al-Haq, presentaron una denuncia contra Edreams Odigeo por facilitar el turismo en territorios ocupados, después de encontrar 43 anuncios en zonas Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán sirio.
Además de la prohibición de esta publicidad, el Gobierno también prohibió el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes, la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel y el acceso a territorio español de personas que participen directamente en el genocidio.
Desde el punto de vista económico, prohibía la importación de productos de los asentamientos y limitaba los servicios consulares a los españoles residentes en asentamientos ilegales israelíes.
